Nuestros políticos no escuchan

¿Qué se puede decir del actual Gobierno español, bueno, malo, indiferente, que no lo haya dicho él mismo mejor ya con su acción de gobierno en materia de pensiones públicas?

Si no podéis leer las Reflexiones sobre la Reforma del sistema de pensiones introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) en Pensiones Públicas, por el simple placer de hacerlo, leedlo para aprender la lección que grita entre líneas de su redactado. Nuestros políticos no escuchan ni atienden a los especialistas en pensiones. Únicamente quieren seducir a los actuales votantes pensionistas. Empresas y trabajadores cualificados no son votantes suyos.

¿Qué se puede decir del actual Gobierno español, bueno, malo, indiferente, que no lo haya dicho él mismo mejor ya con su acción de gobierno en materia de pensiones públicas? Nada. Simplemente, contaros una anécdota. La democratización de la información tras la pandemia ha venido para quedarse y para poder preguntar cualquiera que asista a los webinar a nuestros gobernantes, que participan de las conferencias, en su afán de convencer a nuevos votantes en su labor de gobierno. En un foro de la Industria aseguradora, el ministro José Luis Escrivá, otro asalariado, mostró total desconocimiento de las rentas vitalicias que actualmente se gestionan en el sector privado. No tiene ni idea que el sector privado está pagando rentas vitalicias a los españoles o no le quiso dar ninguna importancia.

La voluntad de servicio público del IAE ha sido determinante para dar solución y europeizar España, proteger a las víctimas de accidentes de circulación, mejorar la mediación en la tramitación de los siniestros y profesionalizar la labor de los Tribunales en caso de discrepancias en las cuantías indemnizatorias, también determinante en cuantificar para las aseguradoras los importes probables de pago de siniestros. Todo ello con las bases técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenido, este último, en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Sí, así es. la normativa española, en este caso, se fundamenta en el cálculo actuarial, afortunadamente.

¡Lo terrible no es la altura, sino la pendiente! La pendiente, desde la cual la mirada se precipita hacia lo profundo; la mirada del actuario en el gasto medio bruto público de pensiones, que no supere el 15% del PIB previsto en el último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, para el periodo 2022-20250. Es aquí, en esa mirada donde se apodera del corazón el vértigo cuando se rechaza la propuesta del IAE de creación de la “Oficina del Actuario Jefe”, organismo independiente que se encargaría de realizar todos los cálculos y proyecciones de ingresos y gastos de la Seguridad Social, tanto del sistema actual, como de propuesta de cambio de este. No, esa es la respuesta de nuestros políticos. Serán los actuarios que trabajan para ellos, porque no existe ninguna voluntad de diferenciar la dimensión técnica de la política o ideológica.

Jaume Quibus

The actuary and economist Jaume Quibus holds a master’s degree in Financial Economics and Accounting, a degree in Actuarial and Financial Sciences, a degree in Economic and Business Studies from the University of Barcelona and has completed the Management Development Programme at the IESE Business School of the University of Navarra. He is a full member of the following associations: the Catalan Actuarial Association, the Spanish Actuarial Association, the Catalan Economists Association, the International Actuarial Association, the Catalan Association of Accounting and Management and also a member of the IESE Business School Alumni. He was a founding partner in 1998 of the actuarial company Quibus, and is corporate member number 6 in the Catalan Actuarial Association.